La Operación Galgo se quedó definitivamente sin la pieza más
vistosa de su escaparate, la figura de la atleta palentina Marta
Domínguez. La juez Mercedes Pérez Barrios, que instruye la causa y
que hace unas semanas archivó provisionalmente la imputación del
delito de dopaje, anunció ayer que anula las escuchas telefónicas,
autorizadas por ella misma, sobre la atleta. En el prolijo auto de
48 folios, la magistrada sí mantiene la validez judicial de las
escuchas al entrenador de la palentina, César Pérez, porque existen
indicios de actividades ilícitas.
Una de esas actividades, según el auto, y según un informe
entregado por la Guardia Civil a la juez basado en el estudio del
contenido del disco duro de los ordenadores de Pérez, sería
precisamente la planificación del dopaje de Marta Domínguez para el
Mundial de Berlín, que ganó, y los Europeos de Barcelona, en los
que consiguió una plata. "Se observa una suerte de confusión entre
las conductas sancionables en el ámbito deportivo y las conductas
penales, pues efectivamente lo que se pone de manifiesto son las
sospechas de que Marta Domínguez fuera consumidora de sustancias
prohibidas", señala el auto.
La ley contra el dopaje no persigue a los deportistas que se
dopan para mejorar su rendimiento (la posible infracción de Marta
Domínguez según el informe de la Guardia Civil, que también
recuerda su identificación como elUrco de la agenda
de Eufemiano Fuentes y la bolsa de sangre de la Operación Puerto),
sino al entorno de los deportistas y a aquellos que les
proporcionan sustancias dopantes o les inducen a doparse. Basados
en sus relaciones con Alberto García y en las declaraciones de
este, la Guardia Civil había concluido que Marta Domínguez podría
haber incurrido en una conducta prohibida.
"No estaba justificada la intromisión en sus comunicaciones",
concluye la titular del juzgado de instrucción número 24 de Madrid
en un auto en el que admite el recurso de la defensa de Marta
Domínguez y el de otros dos imputados más, su mánager, José Alonso
Valero, y su amigo Alberto García. En el mismo escrito, admite
parcialmente los recursos del técnico Manuel Pascua y su esposa,
María José Martínez Guerrero, de quienes anula el valor de prueba o
evidencia de algunas escuchas pero mantiene el de otras, como las
efectuadas desde el 2 de agosto de 2010 hasta el 9 de diciembre,
cuando se produjo la redada de la Operación Puerto.
Mientras la juez entiende que la Guardia Civil, pese a actuar
con autorización judicial, no tenía razones para esas escuchas, no
anula ni los registros en las casas de los cinco imputados, ni sus
declaraciones ante los investigadores o ante ella misma. Ni tampoco
anula, porque considera que los indicios iniciales que las
motivaron no solo no se diluyeron conforme avanzaba la
investigación sino que incluso se incrementaron, las escuchas a
Yolanda y Eufemiano Fuentes, a Ignacio Labarta -para los tres el
fiscal y las acusaciones particulares solicitan penas de prisión en
la Operación Puerto- y a José Luis Pascua. De este último, hermano
de Manuel y entrenador de ciclistas, la juez resalta su relación
con el corredor Joaquín Novoa, a quien, según se desprende de las
intervenciones telefónicas, pondría en contacto con Alberto León
para proceder a transfusiones sanguíneas.
Las escuchas a Eufemiano Fuentes, por su parte, y especialmente
la de sus conversaciones con Manuel Pascua, sirvieron para probar,
según los investigadores, su relación en la organización de un
sistema de transfusiones sanguíneas y de planificación de dopaje
para los atletas entrenados por Pascua, todos ellos, así como la
propia Marta Domínguez, considerados por la juez como sujetos
pasivos de dopaje.
Fecha:
viernes, 13 de mayo de 2011
Fuente:
El País.com
Enlace:
clic aquí